JULIO 2004. Número 85

Sobreseída la querella contra el alcalde

El juzgado desacredita la denuncia del fiscal por “tráfico de influencias”

El pasado 26 de mayo, el juzgado que dirime la causa abierta por la Fiscalía contra el alcalde de Pinto, el socialista Antonio Fernández, y algunos miembros de su gobierno, dictó un auto de sobreseimiento por no encontrar indicios de delito en las acusaciones. En el auto, el juez afirma que “de lo actuado, no cabe deducir la imputación de hechos punibles concretos respecto de ninguno de los denunciados, ni el Ministerio Fiscal ha cumplido con la solicitud que se le hizo respecto de tal concreción, sino que se limita a copiar y pegar su denuncia, que tiene un contenido impreciso y carente de base probatoria concreta”. “Si no lo concreta -argumenta el juez-, no cabe entender otra explicación que al Ministerio Fiscal tampoco le es posible determinar hechos concretos respecto de cada denunciado que pudieran ser constitutivos de infracción penal”.

SOBRESEIMIENTO Y VARAPALO AL FISCAL
El fiscal Emilio Valerio, haciéndose eco de una denuncia del PP local lanzada en 2003, acusaba al alcalde de haber realizado concesiones de obras para favorecer a una persona que, a su vez, le hubiera recompensado regalando patrimonio a su familia. Ahora, los tribunales han determinado el sobreseimiento de esta instrucción. Pero el juez no se limita a sobreseer la causa por inconsistencia e inconcreción de las acusaciones, sino que en el auto subraya que la fiscalía “ni siquiera ha tomado declaración a todas las personas denunciadas en relación con un hecho punible concreto”. “Resulta inverosímil -señala el auto- que el 90% del monto total del gasto en contratación efectuada haya sido irregular y que no haya existido ninguna reclamación respecto de la misma en vía administrativa ni que la intervención o secretaría del Ayuntamiento lo hubiera consentido, los cuales no han sido denunciados”.

DURAS PALABRAS DEL JUZGADO
“Meras sospechas”, “recortes de prensa” y “denuncias sin concretar” son las duras palabras que utiliza el juez de Parla para concluir el sobreseimiento parcial de las actuaciones respecto de todos los denunciados, salvo del alcalde Antonio Fernández, porque éste, en sus escritos al juzgado, ha solicitado expresamente declarar ante el juez “a fin de preservar su derecho de defensa”.

ARTÍCULO EN EL DIARIO EL PAÍS A continuación, reproducimos extractado el artículo que el alcalde de Pinto publicó el 5 de junio de 2004 en el diario El País. “(...) Desde hace más de un año vengo diciendo que mi retirada de la alcaldía está cercana e incluso he expresado mi deseo de dejar el cargo en junio de 2005, justo cuando se cumplen los primeros diez años de mi llegada a la alcaldía. Han sido muchos los logros obtenidos y en esta gestión ilusionante he contado con el repetido apoyo de la ciudadanía. Pues bien, ése tendría que ser el resumen de los últimos años de mi trayectoria política, pero desgraciadamente no es así. Paralelamente, y por razones que ignoro, se ha desatado contra mí – y lo que es más grave, contra mi familia- una extraña vendetta que desde intereses oscuros pretende judicializar la vida política de Pinto y manchar con el anatema de la corrupción una gestión apoyada por los ciudadanos y que ha obtenido logros evidentes (...). El origen de todo este embrollo se sitúa en una denuncia que en plena campaña electoral de mayo de 2003 lanzó el Partido Popular de Pinto. La fiscalía cogió tal cual esta denuncia y la presentó en los juzgados, pero el juez, en el auto del 26 de mayo de 2004, asegura con rotundidad que “los recortes de prensa” no son válidos en los procesos judiciales. Y por más que se ha maquillado la denuncia inicial y se ha filtrado la misma a El País (...), la realidad es contundente (...). Quienes han iniciado esta vendetta deben saber que no me voy a someter a ninguna omertá o ley del silencio. (...)Digo lo que he dicho siempre: tengo la conciencia muy tranquila porque en todo momento he actuado conforme a derecho, con los preceptivos informes favorables de los técnicos municipales. Mi patrimonio es lícito y está perfectamente documentado. Estoy deseando que hablen los jueces, porque mi confianza en la justicia sigue intacta”.

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